Hace casi medio siglo, el economista Milton Friedman declaró en un célebre programa de televisión estadounidense que "la mejor manera de hacer frente a la contaminación era gravar con un impuesto el coste de los contaminantes emitidos por un coche, como incentivo para mantener baja la cantidad de contaminación". Influyente pensador de las ciencias económicas del siglo 20, Friedman sentó allí las bases de lo que, décadas después, se convertiría en una política instituida en varios países, como respuesta a uno de los problemas más urgentes de la humanidad: la crisis climática.

En todo el mundo, la transición energética hacia la movilidad baja en carbono ocurre principalmente a través de subsidios, diferenciales de impuestos y el mercado de carbono. Muchos paises han optado por el impuesto al carbono, un “impuesto” que grava las emisiones de gases que agravan el efecto invernadero, tasando así las externalidades negativas de los combustibles fósiles. La idea es impulsar la reducción de las emisiones de dióxido de carbono equivalente, con el objetivo final de frenar el calentamiento global hasta en 1,5 grados centígrados, tal y como se acordó en el Acuerdo de París.

Finlandia fue el primer país del mundo en introducir un "impuesto al carbono" en 1990. Más tarde, muchos países hicieron lo mismo e introdujeron sus propias versiones. Actualmente, hay 92 iniciativas de precios implementadas, programadas o en análisis, según un relevamiento de la Empresa de Investigaciones Energéticas, vinculada al Ministerio de Minas y Energía. Chile, Colombia, México, Canadá, Suiza y Japón son ejemplos de países que ya implementaron un impuesto al carbono.

Para tener una idea de la dimensión de este mecanismo en el debate internacional, en enero de 2019, economistas publicaron un comunicado en el Wall Street Journal de Estados Unidos, llamando a un impuesto al carbono, calificándolo como “la palanca más económica para reducir las emisiones de dióxido de carbono a la escala y velocidad requeridas". Hasta octubre de 2021, la declaración había sido firmada por más de 3600 economistas, incluidos 28 ganadores del Premio Nobel.

El uso de impuestos parafiscales (como el impuesto al carbono) tiene numerosos puntos positivos y siempre merece nuestra atención. Sin embargo, el mercado de carbono, tarificando las emisiones evitadas o incluso su captura, ha demostrado ser una forma aún más eficiente de tarificar las externalidades, que en este caso son positivas. En Brasil, se inició una política de mercado de carbono con RenovaBio, la Política Nacional de Biocombustibles, que tiene como objetivo ampliar la producción de combustibles renovables, con base en la previsibilidad y la sostenibilidad ambiental, económica y social.

los instrumentos de RenovaBio es el Crédito de Descarbonización , que ofrece la oportunidad de compensar emisiones para sectores de la economía con mayores costos de mitigación. A diferencia del impuesto al carbono, cada crédito de descarbonización representa una tonelada de dióxido de carbono equivalente que ya no se emite gracias a la sustitución de combustibles fósiles. Este reemplazo ocurre, por ejemplo, con la opción de etanol en lugar de gasolina en el suministro del vehículo.

El uso de etanol en Brasil y en otros países ha contribuido sistemáticamente a la reducción de las emisiones de dióxido de carbono equivalente a la atmósfera. El etanol emite hasta un 90% menos de dióxido de carbono equivalente que el combustible fósil. Desde que se lanzó la tecnología flex en Brasil, en 2003, aproximadamente 600 millones de toneladas de dióxido de carbono no han sido liberadas a la atmósfera, impactando positivamente la salud de millones de personas y el medio ambiente.

Una forma de incentivar la elección de un sustituto renovable es asegurar la competitividad de los biocombustibles a través de instrumentos fiscales. Son conocidos los impactos positivos de la diferenciación de impuestos en el estado de São Paulo, donde se instituyó la política de tasas del Impuesto sobre las Operaciones Relacionadas con la Circulación de Mercancías, diferenciadas para gasolina común (25%) y etanol hidratado (12%).

La opción por el biocombustible entregó, entre otras positividades, una experiencia exitosa para el control de emisiones contaminantes en la ciudad de São Paulo, la cuarta mayor del mundo, que da cuenta de bajos niveles de contaminación atmosférica, según la plataforma internacional IQAir.

Desde esta perspectiva, el Congreso Nacional aprobó, en julio de 2022, la Reforma Constitucional 123, que reforma el artículo 225 de la Constitución, para establecer un régimen fiscal diferenciado para los biocombustibles. La decisión se dio en respuesta a la medida, contraria al mundo comprometido con la sustentabilidad, que dejó en cero los impuestos a los combustibles hasta el 31 de diciembre de 2022, período legalmente reconocido como “estado de emergencia”.

Pasado este plazo, quedaría prohibido fijar tarifas a la gasolina y al etanol en un porcentaje superior al vigente al momento de la publicación de la norma. Las prórrogas de la medida serían inconstitucionales. Al fijar el diferencial fiscal para los biocombustibles, los legisladores corrigen posibles distorsiones del mercado, incompatibles con el compromiso de energía baja en carbono, promoviendo un entorno ecológicamente equilibrado.

De acuerdo con el artículo 225 de la Constitución Federal, “toda persona tiene derecho al medio ambiente ecológicamente equilibrado, bien de uso común del pueblo e indispensable para una sana calidad de vida, imponiéndose al Gobierno y a la comunidad el deber de defenderlo y preservarlo para las generaciones presentes y futuras”. De eso se trata.

Casi medio siglo después de Friedman, quien se encarga de la responsabilidad ambiental de los agentes contaminantes está en el centro de los debates sobre la transición energética. Obviamente, no existe un modelo único, y la elección de la ruta más adecuada para cada país está sujeta a una serie de factores, como las características productivas, el perfil de la matriz energética, la aceptabilidad política de la medida, el apoyo de sociedad y la señalización de los impactos en los indicadores socioeconómicos, además de la situación fiscal en la que se encuentra el país.

Pero una cosa es segura: la tarificación del carbono es una herramienta muy importante para cumplir los objetivos del Acuerdo de París. Y, además de los beneficios ambientales, puede crear un ecosistema fiscal para los gobiernos, fomentando el desarrollo de varios sectores de la economía, generando empleo e ingresos en el país. Tenemos, en Brasil, un enorme potencial para hacer negocios, descarbonizando. Y queremos descarbonizar haciendo negocios.