La búsqueda de fuentes de energía renovables y sostenibles ha sido una prioridad global, impulsada por la necesidad de mitigar los efectos del cambio climático y reducir la dependencia de los combustibles fósiles. En el contexto de la industria sucroenergética, el biometano emerge como una alternativa prometedora que, sin embargo, requiere de una política pública estructurante y una regulación efectiva, que asegure el reconocimiento de sus atributos y la necesidad de descarbonización de sectores claves del país, como la industria, agricultura y transporte.

El biometano ofrece varias ventajas, al ser una fuente de energía renovable producida a nivel nacional y con precios vinculados a la moneda local. Su tecnología está madura para aumentar la producción en pos de su potencial económico, que actualmente alcanza los 120 milímetros cúbicos diarios, casi el doble del consumo nacional de gas natural en 2023. Específicamente en el sector sucroenergético, el país tiene potencial para producir 57, 6 milímetros cúbicos diarios, lo que lo convierte en el sector con mayor potencial para la producción de biometano a partir de paja, bagazo, cachaza y vinaza. A pesar de su potencial ambiental y económico, el mercado del biometano aún enfrenta importantes desafíos en materia de regulación, infraestructura y reconocimiento de sus atributos ambientales.

La Agencia Nacional de Petróleo, Gas Natural y Biocombustibles regula el uso de biometano en Brasil desde 2015, reconociéndolo como un combustible intercambiable y equivalente al gas natural. Esta postura fue ratificada por la Ley 14.134 de 2021, la llamada Nueva Ley del Gas. Así reconocida, el biometano puede utilizar la misma infraestructura de movimiento de gas natural, las mismas turbinas de generación eléctrica y abastecer a los mismos vehículos con gas natural vehicular y gas natural licuado natural.

Las especificaciones para el biometano procedente de productos y residuos orgánicos agroforestales y comerciales, destinados tanto a uso vehicular como a instalaciones residenciales y comerciales en todo el territorio nacional, fueron reglamentadas en 2015 y hoy se encuentran contenidas en la Resolución de la Agencia Nacional de Petróleo, Gas Natural y Biocombustibles número 906, de 18 de noviembre de 2022.

Al establecer especificaciones claras y rigurosas, así como procedimientos para la aprobación del control de calidad, estas medidas garantizan la confiabilidad y seguridad del biometano producido a partir de diferentes fuentes.

Además de resoluciones específicas de la Agencia Nacional de Petróleo, Gas Natural y Biocombustibles, los avances en la regulación y promoción del biometano en Brasil también están impulsados por leyes y decretos federales. Destaca la Ley 13.576 de 2017, que establece la Política Nacional de Biocombustibles, conocida como RenovaBio. Esta legislación establece objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero para el sector de combustibles, incentivando la producción y uso de biocombustibles, incluido el biometano, a través de Créditos de Descarbonización.

A nivel estatal, los estados que cuentan con legislación sobre biometano o que se menciona el biometano en sus normas que tratan de la inyección de gas a la red de distribución estatal son Amazonas (Resolución 003 de 2022-Cercon/Arsepam), Amapá (Ley 2.656 de 2022), Ceará (Resolución Arce 16 de 2022), Espírito Santo (Resolución ARSP 65 de 2023), Goiás (Ley 20.710 de 2020), Mato Grosso do Sul (Ordenanza Agems 256, de 7 de diciembre de 2023), Minas Gerais (Resolución 34 de 2023), Paraná (Ley 205 de 2017 y Ley 19.500 de 2018), Pernambuco (Ley 17.641 de 2022), Río de Janeiro (Ley 6.361 de 2012), Rio Grande do Norte (Ley 11.190 de 2022), Rio Grande do Sur (Ley 15.648 de 2021), São Paulo (Deliberación Arsesp 1.342 de 2022).

Sin embargo, todas estas legislaciones sólo plantean interrogantes específicos sobre la regulación del biometano, que hasta el día de hoy carece de una política pública estructurante. En este sentido, resulta de suma importancia la propuesta contenida en el informe presentado por el diputado Arnaldo Jardim, relator del Proyecto de Ley Futuro de Combustibles, actualmente en trámite en el Congreso Nacional.

Aborda dos cuestiones esenciales para el mercado del biometano: la necesidad de separar el atributo ambiental de su atributo energético y el incentivo a la oferta y la demanda, para que el sector supere su actual estancamiento en el que productores, inversores en infraestructura y consumidores están interesados ??en el biometano. , pero no están lo suficientemente articulados como para alcanzar su máximo potencial de producción.

Por un lado, crea la Garantía de Certificado de Origen del Biometano, que puede venderse junto o por separado de la molécula de metano, atendiendo el costo del atributo ambiental a quienes adquieren el certificado. Por otro lado, crea una demanda obligatoria de biometano, que deben comprar los productores e importadores de gas natural.

Este estímulo al biometano es lo que necesita el mercado del gas natural para alcanzar su objetivo de convertirse en un mercado líquido y eficiente. Actualmente, el suministro de gas natural sigue dominado por un solo agente y la inclusión de grandes volúmenes que pueden ser producidos por varios agentes en el sector del biometano traerá precios competitivos al sector.

Además, actualmente se estudian políticas a nivel federal para estimular la neoindustrialización verde, la reducción de las emisiones del sector del transporte pesado y la producción nacional de fertilizantes. Es fundamental que todas estas políticas, a la hora de incentivar al sector, consideren también el biogás y el biometano como fuente de energía y materia prima.

En cuanto a la regulación estatal, es importante crear un Contrato de Suministro Verde, en el que el distribuidor ofrezca al mercado cautivo la opción de comprar biometano, con el valor de su atributo ambiental incorporado, en un porcentaje de su elección. Otros temas importantes son la creación de mecanismos de contratos a largo plazo para la adquisición de biometano , la viabilidad de intercambios operativos y comerciales entre agentes del sector, la flexibilidad en el Ciclo Tarifario para incentivar las inversiones en biometano y el impulso del mercado libre del gas. y estandarización y claridad en las normas que regulan la inyección a la red de ductos de distribución.

Hoy Brasil utiliza sólo el 2% de su potencial total, ya que el país cuenta con 20 plantas de biometano, 6 de las cuales están autorizadas por la Agencia Nacional de Petróleo, Gas Natural y Biocombustibles y 14 plantas de autoproducción, con una capacidad instalada de 985 mil cúbicos metros por día. Para alcanzar su máximo potencial, es necesario crear una política pública estructurante y de regulación efectiva del mercado, que traerá diversos beneficios al sector sucroalcoholero, al país y a toda su población. Sin esto seguiremos viviendo como el país del futuro, que no aprovecha todas las oportunidades y riquezas de nuestro territorio.